Poniendo sentido común

No me gusta hablar sobre este asunto, porque no es de mi competencia. Cómo varón y como célibe, no me corresponde. Me mantengo como un espectador ante discusión tan desaforada, respecto de una ley que parece ser razonablemente válida y que ahora está en riesgo de volverse inválida por irracional. Me refiero a la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Conocida como ley del aborto, me niego en este medio a titularla así. La palabra definitoria es de variable interpretación, de manera que cada grupo defiende o ataca a partir de su diferente enfoque y planteamiento. Teniendo en cuenta que de lo que se trata es de regular desde el Estado la libertad de las mujeres para decidir sobre su embarazo, el legislador no debe posicionarse a priori en una determinada concepción moral sino que ha de arbitrar en medio de una diversidad y para todo el conjunto.

Mientras yantaba escuché una noticia en el informativo que me hizo bajar la cuchara de alubias blancas con chorizo y exclamar: ¡Llega El Sentido Común!

Se ha filtrado que un borrador/informe del Consejo General del Poder Judicial insta la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada, entre otros motivos, porque «da una respuesta anacrónica criminalizadora» a la realidad de la interrupción del embarazo.

Añade más: representa «un regreso a la situación de inseguridad jurídica y prácticas extralegales que generó la legislación de 1985 y además, contempla un régimen aún más restrictivo, en el que la libertad de la mujer embarazada y la ponderación entre sus derechos a la intimidad, la autodeterminación, la dignidad, la vida y la integridad, decaen de forma evidente».

Y continúa para concluir: «no puede considerarse como la respuesta adecuada a una demanda social de protección de concebido porque esa demanda no existe como demuestra el hecho de que el anuncio de presentación y aprobación del anteproyecto por el Consejo de Ministros haya creado una verdadera alarma social». Es por ello que aconseja «reconsiderar y retirar este anteproyecto que nos aleja de los países de nuestro entorno y que supone un retroceso en el avance de los derechos y la igualdad de la mujer».

Además afirma que, pretendiendo el actual anteproyecto reducir el número de abortos, trata a la mujer como mero instrumento al servicio de la maternidad y terminará provocando aumento de abortos clandestinos.

Opino que si el gobernante da o propone una norma reguladora de derechos para una colectividad, corresponde a cada persona aceptar o rechazar el uso o disfrute de los mismos, en función de su sentido moral o de su propia conciencia.

No es de recibo en este caso imponer. Sólo se trata de permitir.

Así lo veo yo.